Los nuevos impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas, entidades financieras y grandes fortunas entrarán en vigor mañana tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que permitirá gravar ya el ejercicio 2022 y empezar a recaudar en 2023.

La intención de Hacienda es que la recaudación de estos impuestos tenga efectos ya desde 2023 (teniendo en cuenta los ingresos de 2022) y se ingrese también en 2024. Así, los tres nuevos impuestos extraordinarios estarán en vigor durante dos años, aunque tras este periodo, el Gobierno evaluará si los mantiene o no.

Antes de que las Cortes Generales dieran 'luz verde' a la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos, la norma sufrió diferentes modificaciones en su tramitación. Uno de los principales cambios se produjo en torno al gravamen a la banca -que gravará al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019-, es que el tributo afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España.

En lo referido al gravamen energético -que gravará el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019-, cabe recordar que finalmente se ha excluido de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.

De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Además, en su paso por el Congreso de los Diputados se incluyó en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.

En el caso del impuesto a las grandes fortunas, se pretende gravar a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales. Este gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

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