El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes, durante el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que el Partido Socialista se personará en la causa como acusación popular en el llamado 'caso Mediador', dado que los servicios jurídicos del Ejecutivo han evacuado un informe respecto a este caso que concluye que, al no producirse hasta este momento daños a las arcas públicas, el Gobierno de Canarias no puede personarse como acusación particular.

Durante su discurso, el presidente canario ha afirmado que los acontecimientos recientes que se han conocido sobre esta presunta trama de corrupción "nos repugnan y nos avergüenzan" y ha incidido en que usar supuestamente el cargo público para extorsionar y estafar, junto con comportamientos personales indignos, tienen que ser condenados "enérgicamente".

"Que se sepa todo; que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer", remarcó.

Según Torres, hay que exigir que se investigue hasta el máximo, pero también aclaró que se trata de responsabilidades individuales hasta que no se demuestre lo contrario. "Que porque una persona, dos o las que sean formen parte de un colectivo, de una organización, de una institución, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estas personas se corrompan, no puede significar que esté corrompida la institución a la que han pertenecido, hasta que no se demuestre lo contrario", apostilló.

El jefe del Ejecutivo canario incidió en que no se puede condenar "a quienes son las víctimas -las instituciones y las personas honradas- por vergonzosas e ilícitas que sean las acciones de quienes formaron parte de ellas", y agregó que no se puede convertir "en verdugos a quienes en realidad son las víctimas, que son las personas honradas".

La trama del caso 'Mediador'

La trama 'Mediador', que estaría encabezada por el ahora exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, pedía un "peaje económico" de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública.

Fuentes les hacía la petición de que donaran esa cantidad a la asociación de forma "sutil y cariñosa" y les aseguraba que era para "los niños", según la declaración de Tacoronte, el 'mediador'.

Para 'hacer negocios', se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar "seriedad" y acababan en "grandes fiestas" en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros en drogas, alcohol y prostitutas, según el sumario del caso.

Según Taraconte, el pago de 5.000 euros lo habían realizado seis empresas de Canarias, entre las que cita una quesera, una granja de vacas, una ganadería, una empresa de drones y otra de placas solares. "Todos pagaron para hacer trabajos para la Consejería de Ganadería y Agricultura", ha declarado el "mediador" en el interrogatorio.

La presunta red estaba "perfectamente definida y coordinada", indica el fiscal, que sitúa en su "vértice superior" a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, entonces diputado socialista; su sobrino Taishet Fuentes, director general de Ganadería, y a Francisco Espinosa Navas, general de división de la Guardia Civil.

El "mediador" aclara también que a los empresarios de Madrid les cobraban 18.000 euros a través de la gestoría Tetir, del hijo de Bernardo Fuentes, por tramitar el régimen fiscal canario, que les facilitaba la adjudicación de subvenciones y ayudas porque prevalecen las empresas que están dentro de ese régimen fiscal. Y posteriormente, para lograr esos contratos, asegura que el diputado y él mismo cobraban "una comisión en efectivo", además de los 5.000 euros de peaje inicial.

Fiestas con cocaína, prostitutas y viagra

El propio Navarro Tacoronte declaró en sede judicial el 22 de febrero de 2022 que despachaba con el exdiputado cada 15 días en Madrid. Relató que se alojaban en el Hotel Victoria 4, iban de "visita" al Congreso con empresarios, donde se hacían fotos, luego a almorzar y seguían de fiesta el resto del día, gastando una media de entre 3.000 y 3.500 euros "por noche" que pagaban los empresarios con interés en invertir en Canarias.

"En estas fiestas eran protagonistas el consumo de alcohol, de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de Viagra", según relata en la declaración judicial", declaró.

En el informe de la Fiscalía también se detalla que el general de la Guardia Civil Espinosa Navas se encargaba de "recibir" a los empresarios captados y, en su caso, se los llevaba a "dependencias en la Comandancia General de la Guardia Civil con sede en la calle Guzmán El Bueno, en Madrid, lo cual era fundamental para poder dar una apariencia de seriedad y poder a la trama delictiva y generar confianza".

La trama se centraba en "empresarios con expectativas de negocio en la Zona Especial de Canarias, caracterizada por sus especiales beneficios fiscales", de acuerdo con el Ministerio Público.