El Ejecutivo ya labora desde hace semanas en un nuevo sistema para regular las jubilaciones anticipadas de los oficios más peligrosos, con más enfermedades profesionales o con mayores tasas de siniestralidad. La ley actual ya reconoce el derecho a adelantar la jubilación con menos penalización en casos concretos, pero el reglamento está "obsoleto", según coinciden Seguridad Social y sindicatos.
En consecuencia, el Gobierno presentó ya un primer borrador a los agentes sociales para reformar esta figura, cuyo anterior reglamento data de hace trece años. El ministerio que dirige Elma Saiz señala que se está trabajando en un nuevo sistema de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos que exige cada profesión. También se tendrá en cuenta los índices de morbilidad (enfermedad) o siniestralidad a partir de ciertas edades en cada sector a la hora de fijar esos coeficientes.
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Los coeficientes reductores son el porcentaje en que se reduce la pensión inicial que cobra una persona al jubilarse cuando decide hacerlo antes de lo establecido legalmente. En 2027, la edad normativa de retiro se situará en 67 años o en 65 en casos de que se hayan cotizado 38 años y medio. La normativa ya establece que estos coeficientes se adapten a las actividades especialmente penosas o peligrosas para no penalizar la jubilación anticipada.
Sin embargo, el Gobierno quiere ahora introducir indicadores con criterios objetivos con fórmulas que permitan comparar la situación de cada colectivo con la población general para definir esa peligrosidad en las profesiones.
Revisar el papel de las mutuas en las bajas
En la misma mesa en que se negocia la jubilación anticipada en profesiones de riesgo y penosidad, Gobierno, sindicatos y patronal estudian cómo reforzar el papel de las mutuas para desatascar la atención sanitaria a los trabajadores. Las mutuas son organizaciones de empresarios que gestionan determinados servicios de la Seguridad Social, pero sin ánimo de lucro. Se financian a través de las cuotas que los trabajadores pagan a la Seguridad Social y gestionan determinados servicios, como es el caso de las incapacidades temporales, o sea, las bajas en el lenguaje corriente.
La idea en que se trabaja es en cómo mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria y aligerar las listas. Una posibilidad que se recogía en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que firmaron sindicatos y patronal en mayo del año pasado.
El Gobierno también ha presentado a los sindicatos un primer borrador de nuevo sistema de jubilación anticipada, que en UGT —el único sindicato que se ha manifestado públicamente— han recibido con visiones mixtas. El sindicato apuesta porque las mutuas ayuden exclusivamente a que los trabajadores sean atendidos con mayor premura y sostienen que lo que buscan los empresarios es transferir prestaciones del médico a la mutual.