La administración actual está evaluando una propuesta innovadora para permitir la jubilación anticipada en ciertas profesiones, caracterizadas por altas tasas de enfermedad y una mayor incidencia de mortalidad. Esta iniciativa contrasta notablemente con la estrategia general del gobierno de Pedro Sánchez, que hasta ahora ha enfocado sus esfuerzos en posponer la edad de jubilación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la dirección de Elma Saiz, ha introducido un borrador inicial que encapsula esta visión, poniéndolo a disposición para el debate y la inclusión de aportes por parte de sindicatos y representantes empresariales en las discusiones sobre el sistema de pensiones.

Los cambios que se proponen sobre la jubilación anticipada

La propuesta gubernamental introduce un enfoque dividido en tres índices fundamentales para su evaluación:

• El primero se define como el cociente entre el gasto total en bajas laborales de un grupo específico por edad y género, durante un periodo determinado, y la suma total de las cotizaciones a la seguridad social acumuladas por este grupo en el mismo intervalo.
• El segundo índice resulta de la división del número de bajas laborales registradas en el mismo grupo de estudio, por el total de trabajadores que están expuestos a riesgos laborales.
• El tercero se calcula tomando el número de defunciones dentro del grupo específico, dividiéndolo por el total de trabajadores en esa actividad y multiplicando el resultado por mil.

Las organizaciones sindicales, tras consultar estos criterios, han expresado su aprobación hacia los dos últimos índices propuestos, pero han mostrado su desacuerdo con el primer índice.

¿Cuándo entran en vigor estas medidas?

La meta es que la normativa sea aprobada en un plazo de seis meses, permitiendo así que tanto las organizaciones profesionales y sindicales, para los empleados por cuenta ajena, como las asociaciones profesionales más representativas de los trabajadores autónomos, puedan hacer uso de la jubilación anticipada.

El Ministerio de Seguridad Social contempla que para acceder a esta jubilación anticipada, será necesario contribuir con una cuota adicional a la Seguridad Social, la cual será responsabilidad tanto de la empresa como del empleado. Además, se prevé que estos coeficientes sean objeto de revisión cada diez años.