Con aproximadamente 1,7 millones de personas beneficiándose del Ingreso Mínimo Vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, surge una interrogante relevante sobre el impacto de esta ayuda no contributiva en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Aunque existen límites de ingresos para calificar a esta ayuda, la legislación exige que todos los beneficiarios realicen su Declaración de la Renta. Esta obligatoriedad deriva del artículo 17 de la Ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital, que establece la coordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda para comprobar que los beneficiarios no superen los umbrales de ingresos y patrimonio fijados.

¿Por qué el gobierno quiere ver el Ingreso Mínimo Vital en tu Declaración de la Renta?

A pesar de que la ayuda en sí está exenta de tributación, su reporte en la declaración de la renta es mandatorio para quienes la reciben. Esta medida permite a Hacienda y a la Seguridad Social revisar los niveles de ingreso y patrimonio de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y así determinar si la ayuda debe continuar, ajustarse o cesarse, garantizando el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.

Aunque existe la obligación de presentar la declaración del IRPF para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, en la mayoría de las situaciones, este procedimiento no conlleva una carga tributaria, ya que el resultado suele ser una cuota de cero euros. Esto se debe a que la finalidad principal de declarar el IRPF por parte de los receptores del IMV es permitir un proceso de control por parte de la Administración Tributaria. En circunstancias normales, donde no se perciban otras rentas, el importe reflejado en la declaración indicará cero, eximiendo al beneficiario de cualquier pago adicional a Hacienda.

De esta manera, la conexión entre el Ingreso Mínimo Vital y la declaración de la Renta se establece fundamentalmente como un mecanismo de verificación de cumplimiento de los requisitos económicos, en lugar de representar una obligación financiera directa para los beneficiarios.

Este enfoque garantiza que el proceso se oriente más hacia asegurar la transparencia y la equidad en la asignación de la ayuda, sin imponer cargas tributarias adicionales a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital.