Martes 12 de Noviembre de 2024 
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que busca luchar contra todo tipo de explotación, desde la hasta la laboral, pasando por la mendicidad o el tráfico de órganos.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que esta ley es "fruto del consenso interdepartamental", "acaba con la dispersión normativa" actualmente existente en España y sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.
"Estoy segura de que será un antes y un después en el compromiso por la protección de los derechos humanos y con una lucha mucho más eficaz contra las mafias de explotación. Es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas", ha remarcado Llop en rueda de prensa.
Llop ha puntualizado que este anteproyecto aborda de manera integral todas las formas de explotación e incide en la desincentivación de la demanda con el fin de "desarticular" y "romper los eslabones" de la "cadena de trata".
Además, más allá de la respuesta penal, recoge también la prevención y la sensibilización de la sociedad y la asistencia a la víctima, garantizándole una serie de derechos y apoyos. También se establecen medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad y medios de comunicación y la adopción de dichas medidas en el ámbito del sector privado y empresarial, para evitar la explotación; y se fortalecen las normas laborales en sectores más sensibles, contando con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Con carácter general, se reconoce el derecho a una protección y la asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le informará en un idioma que pueda comprender, con ayuda de un intérprete o mediador cultural si fuera necesario, y en estrecha colaboración con las entidades especializadas acreditadas.
Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad de la víctima desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita; así como derechos laborales y el acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, según ha precisado la ministra.
Por otra parte, el reconocimiento y la efectividad de los derechos reconocidos en la norma no se vincula a la interposición de denuncia y de la participación de las víctimas en la investigación penal, sin perjuicio de que por parte de los poderes públicos se incentive que la víctima colabore para una persecución eficaz del delito a través de los mecanismos necesarios.
En todo caso, la ministra de Justicia ha recordado que esta ley de Trata se aprueba en una primera vuelta y que seguirán trabajando para mejorar los derechos de las víctimas. En este sentido, se ha mostrado convencida de que el texto "sufrirá futuros ajustes".
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