El Tribunal Constitucional realizó algo casi imposible en la actualidad, una unanimidad. El órgano de garantías acaba de alcanzar un acuerdo con todos sus magistrados para aprobar el decreto ley con el que Pedro Sánchez y el todo el Gobierno, frenó en 2019 el desarrollo de una república digital catalana. Esto quiere decir que el frenar los proyectos que se generan desde la Generalitat para crear una infraestructura digital al margen de la del Estado. 

De acuerdo con fuente de El Confidencial, los sectores progresistas y conservadores han apoyado la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer para rechazar el recurso que el Govern presentó contra la iniciativa de Pedro Sánchez. La idea retomar esa iniciativa lanzada por Quim Torra en 2018 y con esto poder continuar con la idea de realizar el despliegue de una Administración digital, ciberseguridad y contratación pública. 

Las medidas que se crearon para frenar la iniciativa 

Lo primero que se realizó desde el Gobierno fue el obligar a las administraciones públicas que cualquier servidor, propio o de terceros que se use para gestionar datos personales públicos (censo, padrones, registros de población, datos fiscales, datos de Sistema Nacional de Salud y muchos más) debe estar ubicado en Europa. En caso de no estar dentro de los servidores de la UE se deben trasladar en un lapso de seis meses. 

Posteriormente se confirmó que la única manera en la que los ciudadanos tienen para identificarse es con el DNI y el DNI electrónico en temas relacionados con la administración pública. La idea es que no será admisible ningún tipo de identificación que no esté dentro de las regulaciones específicas por el Estado en el marco del derecho de la Unión Europea. 

Qué buscaban con la realización de una república virtual 

La iniciativa lanzada por Quim Torra quería comenzar el movimiento separatista, es decir, comenzar una Administración digital con al finalidad de sustituir el Estado. La idea era tener un sistema que facilite el voto telemático, la cumplimentación de trámites administrativos e incluso la expedición de documentos de identidad exclusivos de Cataluña. 

Una de las ideas era que este nuevo DNI sirviera para poder interactuar con la Administración española y con la europea. Uno de los detalles que no habían analizado es que para poder operar dentro de la UE se debe ser país miembro y  esta administración no estaría dentro de dicho estatuto. 

Dentro del marco que se comenzó a plantear en el 2017 estaba el poder tener una propia Hacienda y un sistema separado al de España en todos los sentidos de censo, empadronamiento, sistema de salud, entre otros puntos administrativos. Gracias a esto fue que el Estado implementó todas las iniciativas antes mencionadas para que no se lograra.