El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera la posibilidad de otorgar a Cataluña competencias en la gestión de migrantes en el territorio nacional y en las políticas de integración. Sin embargo, ha reafirmado que el control de fronteras y la lucha contra la migración irregular seguirán siendo responsabilidades exclusivas de la Administración General del Estado y no serán delegadas.

En una entrevista en RNE, Sánchez señaló que algunas comunidades autónomas, como Cataluña y Andalucía, tienen en sus estatutos de autonomía cláusulas relacionadas con la gestión migratoria, como "las autorizaciones iniciales para el empleo", aunque estas se realizarían en coordinación con el Estado, que es quien emite los permisos de residencia.

El presidente no ha especificado si Cataluña tendrá capacidad para rechazar la distribución de migrantes con las nuevas competencias asignadas, pero ha destacado la solidaridad de esta comunidad en la acogida de migrantes, en contraste con algunas gobernadas por el Partido Popular. Además, ha mencionado que las políticas de integración social, como educación, vivienda y servicios sociales, están bajo la jurisdicción de las comunidades autónomas.

Todo gira en torno al pacto de asilo firmado en Europa

Sánchez ha subrayado la importancia de adaptar las políticas nacionales a los estándares establecidos en el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. "Esta coordinación con las comunidades autónomas es fundamental para garantizar que nuestras acciones no solo cumplan con los acuerdos europeos, sino que también reflejen las necesidades específicas de cada región. Debemos trabajar juntos para asegurar que nuestras políticas de migración sean tanto efectivas como humanitarias, respetando los derechos de los migrantes y contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad en su conjunto", ha añadido.

Por el momento, se desconoce cuándo y cómo sería esta transferencia de poderes, pero el origen viene de la petición de partidos como Junts, quienes quieren tener más facilidades de sacar de Cataluña a inmigrantes reincidentes, algo que levantó muchas polémicas por el calado de las declaraciones.