Se tratan de un total de 205 informes que narran, con variaciones en el escenario y los narradores, una constante historia de desamparo: la ausencia de ayuda, el incremento en el número de fallecidos, la escasez de equipos de protección y el agotamiento del personal. Cadena Ser y otros medios han accedido a las actas redactadas por la Policía Municipal desde diversas residencias en la Comunidad de Madrid, documentos que el Gobierno regional busca mantener en secreto mediante acciones legales contra Isabel Díaz Ayuso.

"El Gobierno solo intenta esconder los fallos graves en su gestión, que desgraciadamente condujeron a una generación a morir de manera indigna", critica Carmen López, de Marea de Residencias. "Es una táctica para ocultar la magnitud de lo sucedido. Algo les preocupa", agrega Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare.

En el pico de la pandemia, las residencias inaccesibles, incluso para los familiares de los residentes, pero no para los agentes de la Policía Municipal, quienes constataron deficiencias como la falta de equipos de desinfección. "La desinfección la realizan ellos mismos, sin empresas externas", se señaló en un informe del 31 de marzo de 2020 sobre un centro en Madrid, que tenía 56 plazas ocupadas en ese momento. "Hay una grave falta de equipo de protección (EPIs), no se han suministrado lo suficiente. Tampoco se han proporcionado pruebas de detección, por lo que no se han realizado tests", se añadió.

Lo que dicen algunas de las actas

La situación del centro Casablanca El Plantío, inspeccionado por la Policía la noche del 1 de abril de 2020, refleja un problema extendido. La subdirectora reportó que ni la Unidad Militar de Emergencias (UME) ni los bomberos habían acudido aún al centro. El personal de mantenimiento se encargaba de la desinfección diaria desde el 9 de marzo de 2020, a pesar de haber solicitado material de protección a la Comunidad de Madrid desde esa fecha. La subdirectora, trabajando sin descanso desde el 8 de marzo, estaba exhausta tanto física como psicológicamente.

Este caso no era aislado; otros centros experimentaron dificultades similares bajo la pandemia y el mandato de Ayuso, incluyendo la falta de apoyo institucional. Por ejemplo, el director de la Residencia Justo Dorado destacó la ausencia de apoyo administrativo, dificultades para adquirir material, falta de soporte médico y espiritual, y la confusión generada por protocolos contradictorios.

Varios centros más denunciaron la ausencia de ayuda, entre ellos, el Pinar de Aravaca y Nuestra Señora de Montserrat, que no recibieron visitas de la UME o bomberos para desinfección, y el centro Cocemfe, que solicitó desinfección durante tres semanas sin respuesta.

Miles de muertos por culpa de un protocolo de actuación nefasto

Algunos centros evidenciaron los trágicos efectos del denominado "Protocolo de la Vergüenza", que infoLibre reveló contaba con hasta cuatro versiones distintas, las cuales restringían el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Como resultado, 7.291 personas fallecieron entre marzo y abril de 2020, representando el 77% de las muertes de residentes madrileños en esos meses.

Por ejemplo, el 5 de abril, la visita policial a la Residencia Nuestra Señora del Carmen registró que de 23 decesos, 19 ocurrieron en la residencia y solo cuatro en hospitales. Cinco días después, en la residencia Manoteras, se reportó que de 11 muertes, solo una fue en un hospital. El 12 de abril, en la Residencia Albertia Moratalaz, se constató que de 44 fallecidos, 37 murieron por covid, y de estos, solo cinco recibieron atención hospitalaria.

Los informes salen a la luz después de que Ayuso trabajase en impedirlo

Los documentos fueron revelados apenas una semana después de informes que indicaban los esfuerzos del Gobierno de Ayuso, de tendencia conservadora, para impedir su divulgación. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local confirmó a infoLibre que en enero de 2023, la Comunidad presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para no acatar la orden del Consejo de Transparencia. Dicha orden exigía la publicación de todos estos informes.

La Comunidad argumentó que la tarea implicaba manejar "un gran volumen de información" y que los documentos incluían datos "personales". Además, señalaron la falta de "software avanzado" que facilitara la compilación de los textos digitalizados con aquellos redactados a mano por los agentes durante sus visitas a los centros.