La Guardia Civil detuvo a una veintena de personas, entre ellas el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García y practicó 26 registros o requerimientos dentro de una operación por el supuesto cobro de comisiones de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en la pandemia de covid-19.

La detención de García, se añade a una larga lista de investigaciones sobre compras irregulares de material sanitario durante el covid-19, algunas de las cuales siguen abiertas en juzgados de varias ciudades españolas.

La operación es la que termina con una larga lista que tuvo su caso más mediático en la investigación sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250 mil mascarillas FFP2-3 por 1.512.500 euros en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un conflicto que fue archivado por la Fiscalía europea.

El “caso mascarillas” un problema mayúsculo en el Ayuntamiento de Madrid

Mucho más recorrido tuvo el “caso mascarillas” por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en el peor momento de la pandemia, cuando el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina consiguieron una comisión de más de seis millones de euros.

La Fiscalía solicita de cara al futuro juicio una condena de quince años de prisión para Luceño y nueve años para Luis Medina por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y delito contra Hacienda.

Además, existe un segundo caso de supuesta estafa al Ayuntamiento madrileño por parte de la empresa Sinclair and Wilde, que vendió al un lote de 500.000 mascarillas por 2,5 millones de euros, aunque el Consistorio solo pagó la mitad al detectar que faltaban las certificaciones de calidad reclamadas en varias ocasiones.

La conexión entre el “caso Mascarillas” y el narcotráfico

A su vez, el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona envió a prisión al entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería Óscar Liria, tras su detención por supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario, incluidas las mascarillas.

Fue la primera vez que se detectó un caso de adjudicaciones irregulares y el beneficiario pertenece a una organización vinculada al narcotráfico, afincada en Cataluña.

Además, un juzgado investiga por un delito contra la Hacienda Pública a la empresa Basic Devices, a la que la Fiscalía de Delitos Económicos acusa por defraudar 255.550 euros por el IVA de la venta de mascarillas durante la pandemia de covid-19, entre otros a la Generalitat por valor de 35 millones.

En Canarias, el juzgado que estaba al cargo del llamado “caso Mascarillas” transfirió la instrucción de la presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública de Canarias a la Fiscalía Europea, que se la había reclamado por entender que la presunta estafa había afectado a fondos de la Unión Europea.