CONDENADO

"No voy a huir, creo en la Justicia": Dani Alves pide libertad provisional

El ex jugador de fútbol brasileño recibió una sentencia de cuatro años y medio de prisión por el delito de violación cometido contra una joven en los sanitarios de una discoteca en Barcelona.

Dani Alves sigue apelando a libertad provisional tras el fallo del juez.
Dani Alves sigue apelando a libertad provisional tras el fallo del juez.Créditos: EFE
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Dani Alves ha comunicado a los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona su compromiso de no evadirse en caso de ser puesto en libertad provisional mientras se examinan los recursos contra la sentencia que lo condena a cuatro años y medio de cárcel. "No pienso escapar, tengo fe en la Justicia", declaró, subrayando que su domicilio se encuentra en Barcelona.

Estas palabras las pronunció en la última parte de la sesión celebrada el martes, destinada a evaluar su solicitud de libertad, interviniendo Alves a través de una videoconferencia desde el centro penitenciario Brians 2.

Pronto, la Audiencia emitirá una decisión respecto a la libertad de Alves, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revisa los recursos presentados por la Fiscalía, la acusación particular en nombre de la víctima, y la defensa. La Fiscalía, que busca incrementar la condena a nueve años de prisión, ha argumentado ante el tribunal la necesidad de mantener al ex futbolista bajo custodia debido al persistente riesgo de fuga.

La condena a Dani Alves, condicionada por el 'Sí es sí' del gobierno

La Audiencia de Barcelona dictó una sentencia de cuatro años y medio de prisión para Dani Alves, por el delito de agresión sexual contra una mujer de 23 años, ocurrida en el baño de la discoteca Sutton en Barcelona, la noche del 30 de diciembre de 2022.

El veredicto estableció que "el acusado agarró de forma abrupta a la denunciante, la arrojó al suelo y, impidiéndole cualquier movimiento, la agredió sexualmente, a pesar de las reiteradas negativas de la víctima, que expresaba su deseo de marcharse". Esto constituyó, según el tribunal, una clara violación de la voluntad de la denunciante, perpetrada mediante violencia y sin su consentimiento.

Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de nueve años de prisión para Alves, y la parte acusadora particular había pedido doce años, la sentencia final fue de cuatro años y medio. Esta decisión se vio influenciada por la aplicación inicial de la ley del "solo sí es sí", promulgada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que reducía la pena mínima por agresión sexual de seis a cuatro años, y por la consideración de una atenuante debido al pago de una indemnización de 150,000 euros por parte de Alves a la víctima.