El acuerdo del PSOE, Junts y ERC para proteger la ley de Amnistía conforme a las exigencias del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont apuntan al informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre la amnistía y al derecho europeo e internacional para justificar los nuevos cambios que se introducen en la proposición de la ley. 

Las cuatro enmiendas de la ley de Amnistía fueron acordadas y detalladas por estos tres partidos políticos, pero también llevan la firma de los grupos parlamentarios que las apoyaron: Sumar, EH Bildu y el PNV. Tres de ellas afectan al articulado y la cuarta al preámbulo.

El resultado de la votación para las cuatro enmiendas de la ley fue de 20 votos a favor frente a 17 en contra.  El cómputo se repitió conforme al nuevo dictamen de la ley que pasará la próxima semana a un pleno extraordinario de la Cámara.

Las modificaciones hechas al preámbulo de la ley de Amnistía recalcan que "el objetivo pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista". En ese sentido, en cuanto a los delitos de terrorismo, la enmienda señala que "se excluyen del ámbito de la amnistía los actos que constituyen graves violaciones de derechos humanos, tomando también en consideración las directrices del Consejo de Europa sobre la impunidad de violaciones graves de derechos humanos". Cabe destacar que este documento excluye cualquier referencia al Código Penal español.

La enmienda de la ley de Amnistía concluye: "se refleja un compromiso con la protección de los derechos fundamentales, equilibrando la amnistía con el respeto de los derechos humanos y los compromisos internacionales de España".  Sin embargo, detalla que “sólo podrán beneficiarse de la amnistía aquellos actos en que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña".

Perdonadas las multas del Procés

Al tiempo, la ley de Amnistía también modifica la norma que hace referencia al artículo 7 con el objetivo de obligar a la Administración a devolver el dinero de las multas que la Policía impuso durante los años del procés en manifestaciones, acciones de protesta o la propia celebración del 1-O bajo el amparo de la ley de seguridad ciudadana. Sin embargo, este perdón no es válido cuando se trate de infracciones "muy graves" y "siempre que, a criterio de la Administración que impuso la sanción, se estime que concurren para ello criterios de proporcionalidad". 

Además, las enmiendas modifican el ámbito temporal que ampararía la medida de gracia, quedando así del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023 (el plazo anterior contaba desde el 1 de enero de 2012). Esta modificación implica incluir en la ley de Amnistía, las primeras reuniones de la cúpula de Convergència para poner en marcha la consulta ilegal del 9-N de 2014 en una de las cuales participaron tres hijos de Jordi Pujol: Jordi, Oriol y Josep.

Los desacuerdos aún persisten en la Comisión 

No todo es color de rosa dentro de la Comisión de Justicia, ya que dentro del debate, uno de los partidos que apoyó la ley de Amnistía, Junts exigió y recalcó que cuando decidió tumbar la ley el pasado 30 de enero lo hizo porque, como se demuestra ahora, sus peticiones fueron muy acertadas.  “Ahora la ley está preparada para su recorrido y encaje europeo”, afirmó el representante de Junts, Josep María Cervera, y añadió que “hoy el lema de no rendirse manda un mensaje de esperanza a todas las personas injustamente castigadas y a sus familias”.

Mientras tanto, la representante de ERC, Pilar Vallugera, destacó que se demostró al Estado “que no se puede ejercer la represión impunemente" pero al tiempo pidió ser "prudente con lo que se dice" porque la aplicación de la ley de Amnistía, tras el procedimiento en las Cámaras, quedará en manos de los jueces. 

Sin embargo, el partido PP, protestó por el hecho de que la proposición de la ley de Amnistía que fue tumbada por el Pleno regrese a Comisión y que se presenten enmiendas que, en realidad no son transaccionales, sino "nuevas". El socialismo "ha puesto una alfombra a la impunidad" y ha "desprotegido al Estado" para que "quienes atentaron contra el Estado mantengan con sus votos a Sánchez en el poder", sentenció la diputada popular, Cuca Gamarra. 

Por su parte, Vox calificó el trámite de la Comisión como "un auténtico fraude a la legalidad y una cacicada" que provoca la indefensión de los diputados que no conocían el texto. “La ley de Amnistía está redactada a la carta de los golpistas y los delincuentes, hecha con nombres y apellidos", afirmó Javier Ortega Smith, diputado de Vox. 

Pese a estas diferencias, el portavoz del PSOE -que promovió la ley de Amnistía-, Francisco Aranda, enfatizó que el compromiso de los socialistas es el de "devolver a la política lo que nunca debió salir de la política".  Al tiempo, Aranda culpó al Gobierno del PP de lo que sucedió en 2014 y 2017 en Cataluña, sin embargo no culpó a los independentistas. En su opinión, ahora "el Estado está más fuerte que nunca". La ley de Amnistía, finalizó, "abre un tiempo nuevo". 

Cabe destacar que el secretario general del partido Junts, Jordi Turull auguró que con la ley de Amnistía, Puigdemont podrá volver a Cataluña este mismo verano y será el candidato del partido a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.