El 15 de marzo, una persona se encontró con una carta inesperada en su buzón, firmada por un responsable del cuidado a mayores y dependientes en residencias, reclamándole una suma de 901,58 euros. Este monto se debía a los costos acumulados durante marzo y abril de 2020 en una residencia de Madrid donde su padre había pasado sus últimos días sin ser trasladado a un hospital. La sorpresa la dejó paralizada. “Realmente, no lo podía creer. Me pasé días intentando entenderlo, leyendo la carta una y otra vez, pero no tenía sentido”, dice, aún asombrada por la noticia, según revela La Ser.

Otro caso similar golpeó a una persona el 11 de marzo, enfrentándose a una carta que le informaba de una deuda de 674,28 euros por el cuidado de su padre en una residencia diferente, quien también falleció en abril de 2020 sin atención hospitalaria. Esta situación le provocó indignación y confusión. “Después de todo lo que hemos pasado, es incomprensible que alguien decida cobrarnos por esto”, expresa, frustrada. “Nos cobran por un servicio que no se cumplió, en un momento donde se decidió que mi padre no merecía una atención digna. Aún me duele pensar en las condiciones de su partida”, añade, compartiendo su dolor y su indignación frente a la gestión de Ayuso.

Estas familias se niegan a pagar la residencia

Ambas familias están decididas a no pagar esa cantidad a las residencias. María se muestra determinada, expresando que no piensa abonar la deuda, incluso si eso la lleva a enfrentar consecuencias legales, preguntándose por qué la gestión de cobro no se realizó en su momento mediante domiciliación bancaria. Por su parte, Ángela planea tomar acciones legales contra la Comunidad de Madrid de Ayuso, preparando un recurso de reposición ante el Tribunal Económico-Administrativo y listando los motivos por los cuales rechaza la deuda. Ambas se muestran asombradas ante el esfuerzo de la Comunidad de Madrid por identificar y contactar a los herederos de los difuntos para hacerles llegar estas reclamaciones.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales, la justificación para estas reclamaciones se basa en la obligación que tienen, según la ley estatal, de reclamar a los ciudadanos cualquier deuda pendiente, sin que existan excepciones para las acumuladas durante la pandemia. Según explican desde el equipo de Ana Dávila, se realiza una revisión periódica de los expedientes relacionados con las plazas financiadas públicamente en las residencias.

Admiten que el proceso de reclamar deudas de residentes fallecidos es intrincado y se prolonga porque requiere notificar a los herederos y encontrar sus direcciones, quedaría en manos de Isabel Díaz Ayuso gestionarlo, pero no parece probable.