VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

La ONU concluye que Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad

Un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos señala al Estado y atribuye responsabilidades en la represión de 2018 a la pareja presidencial y a los mandos intermedios

Daniel Ortega y Rosario Murillo.Créditos: Infobae
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Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (Ghren, por sus siglas en inglés) ha concluido tras su investigación, que el Gobierno de Daniel Ortega comete “violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas”.

En un comunicado publicado el jueves, el grupo señaló que esos presuntos abusos incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el país. Por el momento no ha habido reacción del Gobierno de Nicaragua a este reporte presentado en Ginebra. 

Ocurrió durante las protestas del 2018

Según los expertos de la ONU, su investigación identificó un patrón de “ejecuciones extrajudiciales” realizadas supuestamente por la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron durante protestas entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.

Protestas en nicaragua del año 2018 / Foto: EFE

Además, indicaron que estos, junto a autoridades del Sistema Penitenciario, habrían cometido tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género, en los procedimientos de detención e interrogatorio de los opositores. Sobre esto, señalaron que el Gobierno se vale de la detención arbitraria con el objetivo de silenciar voces críticas.

Crímenes de lesa humanidad

La investigación de Naciones Unidas ha encontrado motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad.

El grupo de expertos de la ONU resalta también que “tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”.

El reporte contabilizó al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil que fueron clausuradas desde diciembre de 2018 y “prácticamente” todos los medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.