Un nuevo escándalo envuelve a la cadna de supermercados valenciana Mercadona, y es que FACUA-Consumidores en Acción ha verificado la existencia de pagos de Mercadona a la OCU y otras cinco asociaciones de consumidores: CECU, FUCI, UNAE, Ucauce y la ya desaparecida Ceaccu.

S-e trata de abonos que han reportado hasta 119.000 euros a la organización mejor retribuida y que ninguna de sus beneficiarias habían dado a conocer públicamente.

Hasta 28 pagos por parte de Mercadona

FACUA ha documentado 28 pagos de entre 1.815 y 20.933 euros realizados desde 2015 hasta 2022 por la cadena de supermercados.

Según la documentación aportada por el Ministerio, FUCI depositó en el organismo competente 10 convenios con contraprestaciones económicas por importe total de 119.342 euros, suscritos con Mercadona entre 2015 y de 2022. CECU aportó nueve, por un total de 117.527 euros. UNAE ocho convenios, que sumaron 97.042 euros, entre los que no figura ninguno de 2017 ni 2018.

Ceaccu, que se disolvió en 2017, no presentó ningún acuerdo económico al Ministerio, pese a que en los dos años anteriores participó en las mismas actividades con Mercadona que las otras cuatro organizaciones de consumidores.

En el caso de Ucauce, al ser una organización de ámbito andaluz, tiene que presentar esos convenios a la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía, datos que aún no están disponibles.

Desde 2006, la ley permite a las organizaciones de consumidores recibir dinero de empresas siempre que se cumplan una serie de condiciones, entre ellas que los acuerdos que recojan los pagos sean depositados en el ministerio competente en materia de consumo y que “no mermen la independencia de la asociación”.

Los ciudadanos pueden solicitar la información

Solicitar la información de estos pagos al Ministerio de Consumo, es un derecho de los ciudadanos, según establece el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Los acuerdos que recogen este tipo de pagos están clasificados como información pública, pero la ley no obliga a las asociaciones a difundirla en sus páginas web y ni tan siquiera a darla a conocer a sus socios.